Europa y los ayuntamientos frente al trabajo sexual
Para sorpresa de los movimientos criminalizadores del trabajo sexual, esta semana hemos sabido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la denuncia de 361 trabajadores y trabajadoras sexuales (entre las que figuran mujeres con nacionalidad española) contra la ley abolicionista Francesa.
El Tribunal Europeo es muy selecto en los casos que admite a trámite, por lo que la probabilidad de un fallo en contra de la actual legislación francesa es muy alta actualmente. En el comunicado, TEDH manifiesta que:
“la mera existencia de la ley tiene un impacto negativo sobre los trabajadores sexuales: los demandantes han presentado pruebas que indican ampliamente que la clandestinidad y el aislamiento inducidos por esta criminalización aumentan los riesgos a los que están expuestos"
Versión original de la nueva decisión judicial no recurrible: Enlace
Recientemente el Ayuntamiento de León ha publicado una torpe ordenanza municipal donde prohibe cualquier acto sexual en la vía pública. Su redactado incluye cualquier práctica, sea o no visible al público o decorosa. Un texto impreciso y ambiguo.
Artículo 7. Normas de conducta en la vía pública.1. Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales retribuidos en la vía pública.
Algunos medios han hecho compilación de las nuevas normativas municipales que sancionan al cliente como forma de ataque al trabajo sexual en la calle. En sus artículos suelen omitir que los municipios no tienen competencias para regular la actividad fuera de los espacios públicos de su municipio. Estos municipios son: León, Elche y Albacete (en proceso aún). Por contra, otros municipios mantienen ordenanzas que sancionan tanto a clientes como a trabajadores y trababjadoras sexuales: Malaga, Granada, Bilbao, Barcelona (sin aplicación).
La sexualidad, aunque sea dentro de un vehículo y no en un domicilio, debería de ser un acto de naturaleza privada protegido por los derechos fundamentales y las leyes orgánicas. Denunciamos la falsa imagen de no agresión al trabajador sexual cuando el hecho de multar clientes afecta de manera directa e inmediata a nuestra vida. Esa implicación con consecuencias demostradamente negativas es lo que precisamente ha aceptado deliverar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.La experiencia francesa de empobrecimiento, marginación, clandestinidad y sobre todo violencia sobre las trabajadoras sexuales ha de servir para caer en los mismos errores en nuestros municipios y ciudades.
